San Antonio, Texas — El ex abogado de San Antonio, Christopher John Pettit, de 56 años, fue sentenciado a 50 años de prisión federal por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Durante más de dos décadas, Pettit engañó a sus clientes para que depositaran dinero en su firma, Chris Pettit and Associates, PC, bajo la apariencia de servicios tales como fideicomisos en vida, fideicomisos irrevocables, servicios de planificación patrimonial, inversiones y transacciones inmobiliarias. En cambio, hizo un mal uso de los fondos para beneficio personal y ejecutó un esquema tipo Ponzi. Las actividades fraudulentas de Pettit resultaron en una pérdida estimada de entre 20 y 65 millones de dólares para sus víctimas.
Entre sus planes, Pettit abrió cuentas fiduciarias con fondos de clientes y transfirió el dinero a sus cuentas personales. También prometió falsamente invertir el dinero de sus clientes en bonos de alto interés, transfiriendo los fondos a su cuenta personal. Pettit se tergiversó como un corredor calificado de intercambio de bienes raíces 1031, convenciendo a los clientes de transferir millones de las ventas de propiedades a cuentas que él controlaba para su enriquecimiento personal. Usó los fondos de sus clientes victimizados para pagar las deudas de otros clientes y mantener un estilo de vida lujoso. Pettit se declaró culpable el 5 de octubre de 2023 de tres cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero.
«Este caso comenzó con una víctima que presentó una demanda antes de que una investigación descubriera un plan criminal masivo y engañoso», dijo el Fiscal Federal Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas. «La sentencia impuesta por el juez García refleja la gravedad del delito y es producto de la cooperación persistente de nuestros socios a nivel local, estatal y federal».
«Christopher Pettit utilizó su posición de confianza como abogado para defraudar a sus clientes con millones de dólares, en algunos casos los ahorros de toda su vida, todo para su propio beneficio egoísta», dijo el agente especial Aaron G. Tapp de la División de San Antonio del FBI. «La sentencia de hoy refleja la determinación del FBI de llevar ante la justicia a cualquiera que utilice su posición para llenarse los bolsillos».
El FBI, la Junta de Valores del Estado de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento de Policía de Fair Oaks Ranch investigaron conjuntamente el caso. El caso fue procesado por la fiscal federal adjunta Kelly Stephenson.
